La prohibición de vapeadores en México dio un paso decisivo luego de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general una reforma que incluye penas de hasta ocho años de prisión para quienes produzcan o comercialicen cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo. La iniciativa obtuvo mayoría amplia y ahora se encamina a su revisión en el Senado.
El dictamen modifica la Ley General de Salud para clasificar la venta de vapeadores como un delito, acompañado de multas que pueden superar las dos mil veces el valor de la UMA. Legisladores a favor argumentaron que la medida busca frenar el consumo en niñas, niños y jóvenes, un sector donde el uso de estos dispositivos ha crecido en los últimos años.
Durante la sesión, se destacó que la reforma no penaliza a los consumidores, sino a quienes fabrican, distribuyen o comercializan los dispositivos. Autoridades sanitarias federales respaldaron el proyecto al señalar que gran parte de los productos que circulan en el país llegan sin regulación, con ingredientes que representan riesgos para la salud.
La propuesta también forma parte de una reforma más amplia que reorganiza funciones de la Secretaría de Salud, fortalece la compra consolidada de medicamentos y amplía la vigilancia de sustancias químicas sujetas a control.
Por otro lado, legisladores de oposición cuestionaron el enfoque prohibicionista y advirtieron que la medida podría incrementar el mercado ilegal. También criticaron el alcance de las sanciones, señalando que podrían ser desproporcionadas frente a otras conductas delictivas. Aun así, la mayoría parlamentaria defendió que se trata de una política de protección sanitaria.
La prohibición de vapeadores en México ahora depende de su discusión en el Senado, donde se definirán los artículos reservados y su posible entrada en vigor.
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